Eutanasia en España: cuatro años, 1.300 muertos, indignidad
La ley de eutanasia perjudica a los más vulnerables y necesitados, sugiriéndoles que son una carga para los demás.
La ley de eutanasia perjudica a los más vulnerables y necesitados, sugiriéndoles que son una carga
Han pasado cuatro años desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia en España, una normativa que ha marcado un punto de inflexión en el debate ético, social y sanitario del país. Esta ley, presentada como un avance en la autonomía personal, ha generado y sigue provocando una profunda preocupación ya que supone una amenaza a la dignidad de los más vulnerables y una renuncia a la responsabilidad de garantizar una atención sanitaria adecuada.
La Ley de Eutanasia en España, aprobada sin debate social ni político que reflejara una demanda real de la ciudadanía, permite a las personas mayores de edad con enfermedades graves, crónicas e incapacitantes o con padecimientos incurables que causen un sufrimiento intolerable solicitar la “ayuda para morir”. Según el Ministerio de Sanidad, el proceso incluye un procedimiento deliberativo con el médico responsable, un segundo facultativo consultor y la aprobación de una Comisión de Garantía y Evaluación. Sin embargo, esta aparente rigurosidad no elimina los riesgos inherentes a la normativa.
En estos cuatro años, más de 1.300 personas han fallecido por eutanasia, según datos oficiales, una cifra que lamentamos profundamente, pues cada una de estas muertes representa una vida humana que merecía ser cuidada y acompañada, no eliminada. Esta celeridad en la aplicación de la ley contrasta con la falta de recursos para garantizar una atención digna a los más vulnerables, como los enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) o personas con discapacidades severas.
La ley, en su afán de priorizar la autonomía individual, ignora que la verdadera libertad solo existe cuando se garantizan opciones reales. En realidad, los pacientes no eligen la eutanasia por una decisión plenamente autónoma, sino porque se sienten abandonados por un sistema sanitario que no les ofrece alternativas viables. Como señala la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), solo el 40% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos en España reciben una atención adecuada, dejando a más de 80.000 personas al año sin acceso a este recurso esencial. Esta carencia estructural convierte a la eutanasia en una "solución final y fácil”, pero profundamente injusta, que pone en riesgo a los más frágiles: ancianos, enfermos terminales y personas con discapacidades, quienes podrían percibir su vida como una carga para sus familias o la sociedad.
Uno de los mayores fracasos de la ley de eutanasia es su incapacidad para ir acompañada de una legislación robusta que garantice el acceso universal a los cuidados paliativos. Estos cuidados, que buscan aliviar el dolor físico y el sufrimiento emocional, son la verdadera respuesta a la dignidad en el final de la vida. Sin embargo, la falta de inversión en este ámbito es alarmante. Según Secpal, la cobertura de cuidados paliativos en España es desigual, con comunidades autónomas que carecen de recursos suficientes, lo que genera una brecha sanitaria que afecta especialmente a los más necesitados.
Mientras el gobierno impulsó con rapidez la legalización de la eutanasia sin un debate social significativo, la prometida ley de cuidados paliativos sigue sin materializarse, dejando a los pacientes terminales con una única opción: la muerte.
Esta situación es particularmente dramática para los pacientes con ELA, una enfermedad neurodegenerativa que conlleva una progresiva pérdida de funciones físicas. En lugar de ofrecerles una atención integral que incluya soporte respiratorio, fisioterapia o apoyo psicológico, muchos de estos pacientes se ven abocados a solicitar la eutanasia. Como ha denunciado Jordi Sabaté, enfermo de ELA, en publicaciones recientes, "seguimos viéndonos obligados a pedir la eutanasia, queriendo vivir".
Hace siete años que le diagnosticaron ELA, enfermedad mortal sin tratamiento hasta la fecha. Pero nada de esto le quita la alegría que desprende siempre.
Jordi Sabaté, enfermo de ELA, cuenta cómo le ofrecieron la eutanasia: «Me sentí atacado y rabioso»
La Ley ELA, aprobada con un presupuesto inicial de 260 millones de euros, solo ha destinado 10 millones hasta la fecha, una cifra insuficiente para garantizar una atención digna a estos pacientes. Este abandono refleja una sociedad que, en lugar de cuidar, opta por la solución más barata y expeditiva: la muerte.
Otro aspecto preocupante de estos cuatro años es el silencio casi absoluto de los medios de comunicación sobre las implicaciones éticas y sociales de la ley de eutanasia. Mientras los titulares celebran la normativa como un avance en los derechos individuales, apenas se profundiza en las historias de quienes, por falta de alternativas, se sienten presionados a elegir la muerte. Este silencio mediático refuerza una narrativa simplista que equipara la eutanasia con la libertad, ignorando las complejidades de un sistema sanitario que no protege adecuadamente a los más vulnerables.
La falta de debate público sobre el déficit de cuidados paliativos o los riesgos de abuso en la aplicación de la eutanasia perpetúa una cultura del descarte, donde la vida de los enfermos se devalúa frente a criterios de utilidad o bienestar económico.
Frente a este panorama, los cristianos tenemos un papel crucial que desempeñar. La Iglesia católica, a través de documentos como los de la Conferencia Episcopal Española, ha reiterado que "no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables". La dignidad humana no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por el valor intrínseco de cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural.
Los cristianos están llamados a ser "sembradores de esperanza", acogiendo, protegiendo y acompañando a los enfermos en sus momentos más difíciles. Esto implica alzar la voz contra una ley que, bajo el pretexto de la autonomía, abandona a los más vulnerables y promover una cultura de la vida que priorice el cuidado integral. Demandamos que la primera medida de un eventual nuevo gobierno que pueda resultar de unas elecciones debe ser la derogación de esta ley indigna, que atenta contra los derechos elementales de cualquier enfermo y traiciona el principio fundamental de proteger la vida.
Los católicos debemos trabajar para visibilizar este drama, organizándonos en asociaciones, foros y plataformas que denuncien la falta de asistencia y exijan una legislación que garantice cuidados paliativos de calidad para todos.
En esta línea trabajan la Asamblea por la Vida (que reúne a varias asociaciones) o la Fundación Dignia, entre otros.
Es triste que, a diferencia de países como Italia, donde existen asociaciones de médicos católicos que defienden la ética médica desde una perspectiva cristiana, en España no contemos con una organización similar. La creación de una asociación de médicos católicos sería un paso fundamental para articular una respuesta profesional y ética frente a la eutanasia, ofreciendo un espacio donde los sanitarios puedan formarse y actuar conforme a los principios de la dignidad humana.
A los médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud, hacemos un llamamiento urgente: no abandonen a sus pacientes. Los médicos nunca pueden convertirse en verdugos de los enfermos o discapacitados. La deontología médica, desde el juramento hipocrático hasta los códigos éticos modernos, establece que el fin de la medicina es curar, aliviar y acompañar, nunca provocar la muerte.
La objeción de conciencia es un derecho reconocido, pero no basta con delegar la responsabilidad en otros. Cada sanitario debe comprometerse activamente en la defensa de la vida, promoviendo los cuidados paliativos y exigiendo al sistema sanitario los recursos necesarios para atender a los enfermos. Nadie debe pensar que "de esto se encargará otro". El abandono de los pacientes es un fracaso colectivo que deshumaniza la medicina y la sociedad.
Cuatro años después de la aprobación de la ley de eutanasia, España enfrenta un desafío ético y humano de enorme magnitud. Las más de 1.300 muertes por eutanasia son una tragedia que lamentamos profundamente, pues reflejan un sistema que, en lugar de cuidar, ofrece la muerte como solución.
La aprobación de esta ley sin un debate social ni político profundo, el abandono de los cuidados paliativos, el silencio mediático y la falta de alternativas para los más vulnerables reflejan una sociedad que ha perdido de vista el verdadero significado de la dignidad.
Frente a esta realidad, los cristianos, los católicos y los profesionales sanitarios están llamados a ser una voz profética que defienda el derecho a la vida, exija la derogación de esta ley indigna y promueva una atención digna para todos. Solo a través del compromiso activo y la solidaridad podremos construir una sociedad que no descarte a sus miembros más frágiles, sino que los acoja con amor y cuidado hasta el final.
Fuente:Religión en Libertad
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